This paper was presented at the Global Investigative Journalism Conference in October 2013 in Rio De Janeiro.
The Relationship (im)possible: Access to Public Information As a Tool of Investigative Journalism in Mexico
Abstract (translated)
The access to public information has become an important tool for investigative journalism. In Mexico, the law that guarantees access to public documents is ten years old and has been recognized as a pioneer law in the world. However, neither the progress on transparency and accountability in the country, nor the journalism projects using institutional resources appear to have met the expectations but, in fact, may actually reflect a setback.
Given this view, this paper analyzes the two forces that have been combined in the Mexican context. On the one hand, the current conditions affecting investigative journalism in Mexico, both in their development and publication, in its social significance. And on the other hand, the structural features that have impacted positively and negatively on transparency and accountability. This combination allows a broad view of the current situation: from the power of corruption and impunity in a country, to the training deficiencies of the journalists and the information portrayed in the media.
As a result of both forces (the journalistic work and the state of transparency and accountability), this paper shows a project on journalistic professionalism that has been performed since January 2012 with journalists in the Right to Information Program at the Universidad Iberoamericana. This project arises from the link between the Mexican institutional transparency tools, the principles of investigative journalism, and the experiences of civil society organizations that fight against corruption and the defense of human rights.
La relación (im)posible. El acceso a la información pública como herramienta del periodismo de investigación en México
Por Estela Margarita Torres Almanza *
Resumen
El acceso a la información pública se ha convertido en una importante herramienta para el periodismo de investigación. En México, la ley que garantiza el acceso a los documentos públicos tiene 10 años y se ha reconocido como una ley pionera en el mundo; sin embargo, ni los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en el país, ni los trabajos periodísticos utilizando los recursos institucionales parecen haber cumplido las expectativas y, por el contrario, pueden ser reflejo de un retroceso.
Ante esta panorámica, en este trabajo se revisan dos fuerzas que se han combinado en el contexto mexicano. Por un lado, las condiciones actuales que afectan al periodismo de investigación en México, tanto en su realización y publicación como en su alcance social. Y por el otro, los rasgos estructurales que han impactado positiva y negativamente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Esta combinación permite tener visión amplia de la situación actual: desde el poder de la corrupción y la impunidad en un país, hasta las deficiencias formativas de las y los periodistas y las apuestas informativas de los medios de comunicación.
Como resultado de ambas fuerzas (el trabajo periodístico y el estado de la transparencia y la rendición de cuentas) en este texto se presenta una propuesta sobre profesionalización periodística que desde enero de 2012 se realiza con periodistas en el Programa de Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana. Esta propuesta surge a partir de la vinculación entre las herramientas institucionales de transparencia mexicanas, los principios del periodismo de investigación, y las experiencias de organizaciones de la sociedad civil en materia de combate a la corrupción y defensa de los derechos humanos.
Palabras clave: periodismo de investigación, acceso a la información pública, transparencia, México
Introducción
Cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en México en el año 2002[1], el ánimo generalizado era positivo. Por primera vez el gobierno mexicano establecía los lineamientos no sólo para que las y los ciudadanos, cualesquiera, pudieran solicitar información pública, sino que con esto se venían reformas y transformaciones para hacer las solicitudes y la entrega de información lo más ágil posible: desde modificaciones al Artículo 6º constitucional[2] y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI)[3], hasta el sistema digital para hacer las solicitudes[4], aunado a la idea de cierta disciplina y profesionalización burocrática. Todo esto con el eje central del ejercicio del derecho de acceso a la información pública como parte esencial del Derecho a la Información.
Con esto vino el reconocimiento internacional. La nueva ley mexicana, que se concretó con la voluntad política de gobierno y partidos y una activa participación ciudadana, no sólo estableció la obligatoriedad de la transparencia sino que además se marcó un procedimiento concreto para exigir a las instituciones y funcionarios públicos la entrega puntual de información. De manera paralela se abrieron nuevas discusiones, entre otras: que esta perspectiva bajara a los niveles estatal y municipal; enseñar a las y los ciudadanos sobre el ejercicio de este derecho fundamental; y que las y los periodistas se involucraran también en esta nueva forma institucional que idealmente ayuda a fiscalizar el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones de los gobiernos.
Desde la óptica del periodismo, se puede asumir que la ley ayuda al fortalecimiento de las transformaciones propias del ejercicio profesional en México, y que con buenas prácticas en el derecho de acceso a la información pública, la calidad de los contenidos periodísticos puede mejorar. Pero la ecuación no se puede dar de manera sencilla, pues la posibilidad de acceso a los documentos públicos exige que tanto periodistas como medios informativos rompan hábitos, relaciones y vicios que han crecido en las últimas décadas. De igual manera, que tanto el marco legal como las instituciones –y quienes las integran- asuman la responsabilidad que exige la trasparencia y acceso a la información pública.
A diez años de distancia de la promulgación de la ley, el periodismo mexicano, específicamente el periodismo de investigación que puede y debe realizarse, tiene en el acceso a la información pública una potencial herramienta para develar hilos de corrupción, desvío de fondos públicos, nepotismo u otras acciones desde el ámbito gubernamental, que van en detrimento de la sociedad y que son de interés público. Pero esto no puede ocurrir cuando el contexto suma características contradictorias para lograr ese periodismo vigilante que sirve a la sociedad. Este trabajo tiene como finalidad aportar elementos que permitan comprender la dificultad que se vive en el periodismo mexicano para interiorizar el acceso a la información pública a partir de la revisión desde el desarrollo de la prensa y del estado actual del acceso a la información pública; para cerrar con la revisión de una propuesta de trabajo desarrollado entre una universidad y una organización de la sociedad civil en México.
Hacer periodismo -de investigación- en México
El periodismo de investigación se entiende como “un reportaje hecho por trabajo e iniciativa del reportero sobre asuntos de interés público que alguna persona o algún grupo quiere mantener oculto” (IRE en Santoro 2004, 25). Para lograrse, se requiere de un proceso de “excavación profunda” en diferentes fuentes de información, analizar datos, fechas, testimonios, actividades y relaciones que se tejen, revisar documentos, trazar rutas del dinero, corroborar y verificar la información y entre todas estas posibilidades de fuentes de información se encuentran los documentos públicos. Al mismo tiempo todas estas actividades requieren de una actitud que refuerce el periodismo profesional, de una agenda propia y un conjunto de posibilidades contextuales que generan el espacio de estas investigaciones. Lo anterior lleva a establecer una pregunta central: ¿hay en México las condiciones para que se pueda dar un sólido periodismo de investigación que también se apropie del acceso a la información pública?
Si algo caracterizó a la prensa mexicana en el siglo XX fue el control profundo que el gobierno mexicano logró establecer sobre ella. Investigadores y periodistas coinciden en la dificultad de identificar el momento o periodo exacto en que esto ocurrió (Rodríguez Castañeda 1993; Rodríguez Munguía 2010), aunque sí se pueden identificar los mecanismos de control que se definieron durante el gobierno del PRI[5] por décadas y que condicionaron duramente la existencia de los medios informativos, e incluso algunos de ellos todavía prevalecen. El establecimiento y control de la empresa PIPSA por parte del gobierno federal, la única empresa que podía distruibuir el papel para impresión hasta 1990; la asignación directa de la publicidad oficial conforme a la alineación del medio; la generación de un esquema de gratificaciones para los periodistas[6], fueron algunos de los instrumentos de control desarrollados por el estado.
Sobre esta realidad del periodismo de la segunda mitad del siglo XX en México, Jacinto Rodríguez describe el tejido de esta relación:
Era notorio bajo el autorismo priísta que la prensa –entendida en su más amplia acepción- funcionaba como una suerte de subsistema del sistema político, en cuyo centro se hallaba el Presidente de la república… había verdades sabidas sobre los subsidios foramles algunos, subrepticios otros, que marcaban a la industria periodística y que eran, con frecuencia, el factor para subsistencia de empresas amañadas y periodistas menores. Y cobraban fama, difundidos en forma de rumor, los favores recíprocos que se hacían funcionarios y periodistas, la parda relación convenenciera entre unos y otros, la cuatachería cínica que emprendían negocios conjuntos algunos de ellos, el solapamiento de la corrupción y de la ineficacia, de la crueldad represiva, que permitía fingir que México vivía el mejor de los mundos posibles (Rodríguez 2010, 15).
Y sólo eran excepción, señala Rodríguez Castañeda “quienes están dispuestos a enfrentar los riesgos de romper las reglas del juego” (1993, 15). “Los dipuestos” se refiere a aquellos medios y periodistas que, a pesar de las condiciones, fueron abriendo pequeños espacios donde la independiencia y la imparcialidad tuvieran cabida. Desde la revista Proceso hasta el periódico Reforma, pasando por La Jornada y el Unomásuno, por mencionar sólo algunos de los medios impresos de la ciudad de México, fue la prensa escrita la que ganó terreno.
Paralelamente, la ciudadanía organizada, desde las movilizaciones sociales en las décadas de 1950 y 1960 hasta las brigadas que se formaron por el terremoto de la ciudad de México de 1985, demandaba un periodismo confiable y más cercano a la sociedad. “El cambio social desnudó nuestras miserias: la casi total dependencia del periodismo a los temas políticos y su estrecha relación con el poder que nos aisló como medios de la realidad”, señaló en entrevista el periodista Alberto Nájar (2010). Estas exigencias continuaron en la siguiente década, al mismo tiempo que medios[7] establecían rutinas de trabajo distintas centradas en crear un periodismo independiente que vigila y exhibe el funcionamiento de los gobiernos y que busca ofrecer información más confiable y apegada a la ciudadanía. La suma de la experiencia de periodistas experimentados y de los jóvenes que iniciaron con una visión menos apegada al poder fue un detonante importante para que los cambios que se establecieron en la relación prensa-poder se fueran consolidando y, con ello, se forteleciera la visión crítica hacia el Estado y mayor indepencia (Hughes 2009, Lawson 2002). El impulso se enriqueció con las exigencias cuidadanas de mayor vigilancia al poder político y la inclusión de una pluralidad de temas fue ganando terreno en los medios.
Así, el siglo XXI llegó con nuevos bríos para la investigación periodística. Los medios comenzaron a crear unidades de investigación en donde las y los reporteros, en lo individual y como equipos, tenían más tiempo para indagar las estructuras de poder, con recursos adicionales. Sin embargo, el nuevo siglo también trajo consigo otra serie de condicionantes propias del contexto mundial y de los escombros del modelo de control en México, que es el traslado del control político a los intereses económicos de las empresas informativas.
[e]n la búsqueda de la rentabilidad de los productos periodísticos, el principio práctico de atraer y conservar a los consumidores, termina por aplastar la intención ideal de muchos periodistas de informar a los ciudadanos. Una característica indiscutible del periodismo resultante es la creciente banalización de la información, la superficialidad constatable en la fragmentación, la espectacularización y la omisión de asuntos abstractos o complejos. (María Elena Hernández citada en Lara Klahr 2007, 166-167).
Para mediados de la primera década de 2000, las unidades de investigación comenzaron a desaparecer y se intensificó el diarismo y la rápida generación de noticias. Esto se puede observar en los contenidos de los periódicos: menos investigación, encabezados atractivos, repetición de los dichos de los políticos, falta de seguimiento a casos específicos, y una agenda ligada con los intereses empresariales de los medios. La perspectiva de generar productos informativos llamativos se fortalece desde las redacciones, a partir de las decisiones de los editores hasta llegar a los reporteros, quienes por las propias dinámicas de sus medios llegan a buscar lo atractivo y vendible. Junto a esto, los periodistas jóvenes se internan rápidamente en estas dinámicas en donde los hábitos de investigación se desvanecen.
Si bien las investigaciones periodísticas vigilantes del poder político y de los hilos de corrupción prevalecen, se dan en este marco descrito en donde son –nuevamente- sólo los periodistas y medios que insisten en un trabajo periodístico profundo, y no una práctica generalizada. Y en este contexto, el acceso a la información pública como herramienta de investigación no logra afianzarse.
Aunado a esto, hay dos condiciones específicas que se han convertido en amenaza seria para el trabajo periodístico el derecho a la información en el país: las condiciones de violencia y ataques contra la prensa y sus trabajadores, y las condiciones laborales en las que se desarrollan las y los periodistas en el país.
En 2004, México se colocó en la mira al establecerse como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras. En los últimos años, las agresiones, amenazas y ataques se han convertido en elementos cotidianos en el ejercicio de la profesión. El consenso general lleva al señalamiento del desarrollo de las fuerzas del crimen organizado, principalmente del narcotráfico. Pero esto va acompañado con los niveles de corrupción e impunidad, lo que no permite establecer con claridad quiénes son los autores de la violencia. Así lo establecía en 2008 el informe de Reporteros Sin Fronteras:
La corrupción de los políticos, a que aveces se enredan en tramas con los narcotraficantes o las violaciones a los derechos humanos atribuidas a la policía o al ejército, son otros tantos temas de alto riesgo para los medios de comunicación mexicanos, y en particular los locales. Una situación que permite también entender mejor la escasa diligencia que el ejército, o la justicia emplean para aclarar totalmente los asesinatos de los periodistas (RSF, 2008).
Con el paso de los años la situación para periodistas no ha tenido cambios, e incluso en algunos casos se ha recrudecido. La organización Article 19 lo explicaba en su informe de 2011:
Varios casos documentados… en el pasado reciente obligan a introducir un matiz importante: la imposibilidad de establecer la responsabilidad de un actor específico; estamos hablado de acciones de la delincuencia organizada en complicidad con las autoridades, tanto como de ataques a cuenta de políticos y funcionarios, coreografiados para endorsar la responsabilidad a la delincuencia (Article 19 2012,14).
Durante el discurso pronunciado en la reunión anual de la organización IRE el 25 de junio de 2013, Marcela Turati señaló el impacto de la violencia contra periodistas en el periodismo de investigación
En un panorama así, el periodismo de investigación ha sucumbido. Los periodistas no somos más el perro guardián de la democracia, como nos solíamos definir. En muchas regiones ese perro está encadenado, amordazado, no tiene permiso de ladrar. Es un perro golpeado, “levantado” y “tableado” para que aprenda a no ladrar cuando viene el enemigo. Es un perro domesticado por gobernantes que le compraron su silencio. Es un perro forzado a cerrar los ojos ante los ilícitos y a voltear a otra parte (Turati 2013).
Aunado al clima de violencia, miedo y corrupción, los periodistas mexicanos también están marcados por las dinámicas laborales que se están dando en el resto del mundo. La velocidad con la que se mueve la información ha obligado a los medios a ampliar la oferta de productos informativos, y las estructuras de interés económico han generado una actitud permanente de ganar lectores y tener primicias, en ocasiones más allá de la calidad informativa. Reporteras y reporteros son orillados a realizar un trabajo veloz, en una dinámica del multitask o multifunciones: además del dominio de la palabra escrita se va imponiendo la obligatoriedad de manejar equipos de audio y video para las ediciones digitales. Las y los periodistas, pareciera, no pueden perder un segundo más, y la calidad de la información que sean capaces de generar en este nuevo contexto laboral está acompañado de la capacidad de actualizarse y fortalecer su profesionalización.
Sin embargo, las condiciones laborales básicas, más allá de la transformación del periodismo en la llamada era digital, arrastran problemas de fondo que afectan el desempeño laboral. La precaria situación laboral se observa desde la falta de información que ayude a configurar el perfil de las y los periodistas en el país hasta el cambio en los esquemas de contratación y la falta de prestaciones.
Debemos estar conscientes de que, si el mensajero está mal, el mensaje llegará distorcionado. Si muchos reporteros reciben 50 pesos por nota publicada (aproximadamente 4 dólares) o son obligados a firmar contratos en blanco o son subregistrados ante el IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], ¿qué clase de información van a transmitir? Si muchos tienen varios trabajos a la vez o tienen miedo de perder su trabajo o ser asesinados por tocar intereses, o si no tienen lo necesario para mantener a sus familia, ¿qué tan objetivas, libres y desinteresadas serán las noticias difundidas? (Turati, 2008).
Mientras por un lado está la exigencia de que los periodistas estén capacitados para hacer un periodismo responsable, que responda a la ciudadanía y no a intereses particulares (ya sean políticos, ya sean económicos), por el otro, la falta de actualización profesional es también consecuencia de la falta de condiciones óptimas que permitan un salario justo, seguridad social, y la disponibilidad de tiempo para incorporar nuevas herramientas de trabajo que impacten en la calidad.
Estos rasgos generales han caracterizado al periodismo mexicano en los últimos años. No obstante, periodistas y medios resisten la fuerza de la corriente impulsando formas disintas de narrar los acontecimientos, buscando diversos enfoques de las historias, procurando hacer a un lado la cobertura de los dichos de los poderosos, e involucrando las herramientas de investigación necesarias, como el acceso a la información pública.
El acceso a la información pública en México hoy
México es un país complejo en el que a lo largo de su historia se ha permitido que la corrupción y la impunidad sean vistos como naturales, desde la convivencia ciudadana hasta la política y quienes gobiernan, y el periodismo no queda exento de esta realidad. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una contribución para aminorar la opacidad de los gobiernos y fomentar la fiscalización del uso de los recursos públicos. Además, hoy en día los 31 estados y el Distrito Federal cuentan con leyes que norman el acceso a la información pública a nivel local, y junto con éstas se han creado las instituciones para vigilar su cumplimiento, llamadas órganos garantes.
Aunque la aportación de este marco legal es reconocido, hay una serie de condicionantes que todavía obstaculizan el acceso a los documentos públicos, a una completa transparencia del actuar gubernamental y a un uso más sólido por parte de las y los ciudadanos en general, y de las y los periodistas. Estas condicionantes se revisan brevemente a continuación:
- Cultura de la transparencia
Aunque la Ley establece los parámetros de la transparencia, ésta no es suficiente para que se ejerza en los tres niveles de gobierno, por lo que siguen existiendo cotos de poder. Esto ocurre con más frecuencia en los niveles estatal y municipal, en donde incluso se ha negado la información sobre el ejercicio del presupuesto municipal argumentando que no tienen por qué darla[8], así de simple, lo que denota desconocimiento e incumplimiento de la ley. Pero desde luego están también quienes incumplen la ley a sabiendas de que lo están haciendo y buscando vacíos legales para negar la entrega de los documentos.
Este tipo de experiencias son recurrentes y se dan en parte por la falta de capacitación de muchas de las personas que llegan a ocupar cargos públicos, y prevalece sobre todo por la corrupción y la falta de consecuencias ante el incumplimiento de la transparencia y el acceso a la información pública. Cuando ciudadanos, organizados o en lo individual, piden información y se les niega, y hacen públicas esas negativas, estos casos salen a relucir, a generar indignación y, los más exitosos, a revertir la opacidad. Esto ha generado una dinámica de denuncia que desde luego es relevante porque coloca el tema en la agenda pública, y en ocasiones las acciones orientadas a “nombrar y avergonzar” generan más resultados que la ruta legal; sin embargo, no se puede esperar que cada caso sea denunciado de esta manera, pues los resultados se dan por la inmediatez y la alarma, y no por una cultura de la transparencia. Aunado a esto, estas historias tienen que empezar una y otra vez mientras los funcionarios actúen sólo en forma reactiva y no de manera preventiva como lo marca la ley.
Otro de los puntos que se han observado, es la falta de capacitación para generar y archivar los documentos públicos que den cuenta del actuar de cada gobierno. Por décadas, los documentos de cada administración se iban con quien había ocupado el cargo público, lo que ha generado vacíos de información importantes, especialmente para la fiscalización del uso de los recursos. Una de las batallas ganadas en este ámbito es la Ley Federal de Archivos, vigente desde el 24 de enero de 2012, donde es establece el marco para el resguardo de los documentos públicos u otros documentos de interés público. Sin embargo, sin una capacitación adecuada a los funcionarios públicos de todos los niveles, la generación y cuidado de los documentos seguirá siendo desigual.
Aunque estos puntos no abarcan la totalidad del problema de la transparencia, si buscan mostrar una panorámica de por qué la falta de ésta es un problema estructural que no puede resolverse en el corto plazo y que involucra a la ciudadanía y a las autoridades.
- Límites del marco legal
Transparencia es una palabra recurrente en el discurso de los políticos; gobernadores, presidentes municipales, secretarios repiten la palabra pero sin llegar a fondo en su ejercicio. El actuar ciudadano ha sido determinante para impulsar la transformación, pero la opacidad sigue siendo una amenaza grande. En lo que respecta al marco legal, hay dos aspectos en los que nos detendremos brevemente: 1) los sujetos obligados o quiénes tienen que ser responsables de rendir cuentas; y 2) la heterogeneidad de las leyes estatales; y 3) candados a la información.
Recientemente, el marco legal federal ha estado en discusión para generar trasformaciones importantes que podrían sentar un precedente para la fiscalización de todos los recursos públicos: que sindicatos, fondos, fideicomisos y partidos políticos, instituciones históricas que también han sido espacios de corrupción, sean también sujetos obligados ya que funcionan con recursos públicos. Esta modificación genera un precedente para la transparencia y ha sido principalmente una batalla emprendida por la sociedad civil. Varias investigaciones periodísticas han dado cuenta del desvío de recursos por parte de líderes sindicales[9], a partir de mostrar el rápido enriquecimiento de personajes políticos y familias completas. También se ha puesto en evidencia que el manejo de recursos de ciertos fondos se han entregado a modo para beneficio de algunos particulares y en detrimento de quienes lo necesitan. Y esto sin consecuencias.
Por otra parte, las leyes estatales han permitido que la información pública se limite a modo. Desde los criterios de transparencia y determinación de los sujetos obligados, hasta la falta de autonomía de los órganos garantes (institutos o consejos estatales encargados de vigilar la transparencia y el acceso público), pasando por el establecimiento de costos elevados en fotocopias y reproducción de documentos son algunos de los aspectos disonantes en los distintos marcos legales. Esta disparidad ha generado que mientras en algunos estados se tengan avances notorios, en otros se cumpla sólo con los mínimos (como la información pública de oficio) y no se tenga un sistema efectivo que respete a los ciudadanos ante las solicitudes de información que se realizan.
En lo que respecta a los candados a la información, después de una intensa lucha de la sociedad para que la ley opere bajo el principio de la máxima transparencia, la seguridad nacional permanece como el criterio fundamental para negar información. Hoy, el reto que es que exista un marco común sobre lo que se entiende por seguridad nacional, para que no se convierta en un pretexto fácil para negar información.
Los puntos aquí abordados se encuentran en la agenda pendiente para que el Senado apruebe las reformas en materia de transparencia y acceso a la información pública, acuerdos que se lograron en la Cámara de Diputados en tensas discusiones.
- Preguntarle al gobierno
Finalmente, se encuentran las dificultades asociadas a preguntarle al gobierno. El sistema digital Infomex es efectivo, sólo pide que cada persona que pregunte se registre, pero por lo demás debería fluir apropiadamente. Sin embargo, uno de los retos fundamentales es que se tiene que saber preguntar. No se pide información, se piden los documentos que muestren la información, hay que saber que conviene más pedir versiones públicas para que no se nieguen los archivos por violación a protección de datos personales; que se puede pedir desde un inicio la forma en que se desea recibir información; se pueden hacer consultas previas a través de la sección de consulta de preguntas a través de Infomex (ZOOM) y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), aunque son espacios poco conocidos. Hay que conocer los tiempos y estar al pendiente de las respuestas que se van dando a través del sistema.
Los solicitantes pueden recurrir al recurso de revisión para inconformarse cuando la respuesta recibida, ya sea por la calidad de la información o la negación de está, no satisface. Conforme al marco legal, éste se tiene que hacer en un plazo de 15 días hábiles. Pero la dificultad radica en la forma en que debe hacerse, pues en los argumentos que se coloquen en el llenado de la solicitud está también la respuesta que se puede recibir.
Estos elementos colocan mayor responsabilidad en la ciudadanía, que tiene que estar preparada para preguntar, defender su solicitud y perseverar ante el tiempo que pueda demorar la entrega de la información. Y esto se traslada también a los periodistas, quienes tienen que tener entre sus herramientas profesionales, el conocimiento para hacer uso efectivo del acceso a la información, a pesar de las limitantes existentes en el marco legal y de las estrategias que dependencias y funcionarios han desarrollado para negar la información.
Del diagnóstico a la acción: Seminario de Periodismo de Investigación y Acceso a la Información Pública PIDI-FUNDAR[10]
El contexto descrito hasta ahora ha sido el marco que generó el diálogo entre la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana (Ibero) a través del Programa de Derecho a la Información (PIDI) y del Programa Prensa y Democracia (Prende), con la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar). Lo anterior con el fin de generar actividades conjuntas para la promoción y activación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública entre periodistas y desde la universidad.
Como un primer ejercicio, en agosto de 2011 se impartió una materia optativa de Derecho a la Información con alumnos de la maestría en comunicación y periodistas becarios del Programa Prende[11], con el objetivo de que al final del semestre se tuvieran investigaciones propias cortas que usaran como una de sus fuentes importantes el acceso a la información pública. El curso se integró con tres contenidos distintos: marco teórico (responsabilidad del profesor titular); experiencias concretas del uso de acceso a la información pública en Fundar; y taller de acceso a la información pública.
Éstos se combinaron a lo largo del semestre y al final los alumnos organizados en equipos[12] entregaron investigaciones utilizando el acceso a la información pública. Los trabajos entregados abarcaron temas que fueron desde la reasignación de los recursos públicos en la guerra contra el narcotráfico[13] hasta la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación. No obstante el avance de los alumnos, fue notorio que se priorizó la revisión de los datos públicos sobre una investigación más amplia que profundizara en cada tema.
Los resultados del curso evidenciaron algunos aspectos importantes: 1) se trató de un diseño incorrecto, los horarios y tiempos no fueron suficientes para abarcar todo lo que se pretendía; 2) hubo un esfuerzo importante para atender la falta de lenguaje común y coordinación que se llega a dar en la práctica entre distintas rutinas de trabajo; 3) se presentaron diferentes niveles de profundidad en el análisis de los datos obtenidos a través del acceso a la información pública; y 4) desencanto ante la experiencia del acceso a la información pública por los tiempos, la formación de los alumnos y el nivel de análisis que se exigía.
Si bien la experiencia no fue la más positiva, sí fue suficiente para cambiar la estructura y el objetivo propuesto. En primer lugar, se tomó la decisión de crear un seminario separado exclusivo para los periodistas de Prende, concentrado sólo en 6 sesiones intensivas. El curso de maestría seguía su curso, pero con un planteamiento más teórico, abierto también a los becarios. Y segundo, el objetivo se centró en brindar herramientas para el periodismo de investigación a través del acceso a la información pública, así como el espacio para la reflexión y análisis de casos concretos. Bajo este nuevo esquema fue que se creó el “Seminario de Periodismo de Investigación y Acceso a la Información Pública Pidi-Fundar”, activo desde enero de 2012.
El Seminario
Para el Seminario se tomó la decisión de mantener en su estructura los tres ejes centrales iniciales: 1) introducción teórica del derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública; 2) taller de acceso a la información pública; y 3) cuatro sesiones temáticas para analizar el uso de los documentos públicos en casos concretos[14].
Una vez establecida esta estructura, se consideró que este conjunto de contenidos no eran suficientes para lograr el objetivo, por lo que se agregaron dos actividades más: una sesión sobre periodismo de investigación, impartido por el periodista Daniel Lizárraga; y sesiones especializadas complementarias: visita guiada al Archivo General de la Nación (AGN), taller de uso de Excel, taller de base de datos, taller de periodismo narrativo, taller de periodismo social, taller de periodismo judicial y un conversatorio sobre periodismo y acceso a la información pública. De esta manera, sin la intención de pretender abarcar todo lo que se requiere para el periodismo de investigación, se incluyeron temáticas diversas que incentivaran y fortalecieran el uso del acceso a la información pública como herramienta de las y los periodistas.
Tanto la reestructuración como el funcionamiento del Seminario se dio inicialmente sin recursos económicos, y así ha continuado. Ante la imposibilidad de conseguirlos en el corto plazo, las sesiones especializadas se han dado a través de la construcción de relaciones solidarias con periodistas, y organizaciones de periodistas y transparencia y rendición de cuentas. Así, en el Seminario han participado los periodistas mexicanos Luis Guillermo Hernández en periodismo narrativo, Marcela Turati en periodismo social, Marco Lara Klahr en periodismo judicial, Víctor Hugo Michel en periodismo y acceso a la información pública, además de Daniel Lizárraga, y las organizaciones México Infórmate y la Red de Periodistas Sociales Periodistas de a Pie, con quienes se concretó el taller de base de datos impartido por McNelly Torres, y Causa en Común, con quienes se organizó la visita en el AGN.
Durante el primer semestre Otoño 2011, en el que inició el proyecto, y los tres semestres académicos posteriores un total de cuatro generaciones de periodistas Prende han participado en el Seminario. Esto se traduce en 29 periodistas procedentes de 8 estados y el Distrito Federal (Tabla 1).
Tabla 1.
Periodo |
# becarios |
Estados |
Otoño 2011* (*semestre inicial) |
8 |
Distrito Federa, Puebla, Durango, Sonora, Oaxaca |
Primavera 2012 |
8 |
Distrito Federa, Oaxaca, Coahuila, Estado de México. |
Otoño 2012 |
5 |
Distrito Federa, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa |
Primavera 2013 |
8 |
Distrito Federa, Puebla, Morelos, Coahuila, Tamaulipas |
Además, en algunas sesiones participaron también otros periodistas de la ciudad de México, algunos de ellos exbecarios Prende, de medios como El Universal, CNN México, Milenio y Radio Fórmula, además de estudiantes de comunicación de la Ibero, esto con la finalidad de generar un ambiente de aprendizaje y discusión compartido entre periodistas en activo y en formación.
Resultados
Uno de los planteamientos iniciales del Seminario fue que las y los participantes realizaran una investigación durante el semestre, pero al poco tiempo se observó que esto no sería posible. El nivel de conocimiento sobre el acceso a la información pública tanto a nivel federal como estatal era limitado, por lo que lo más conveniente fue trabajar en las herramientas e incentivar la definición de un tema de investigación.
Esto se dio por algunos de los aspectos generales que se observaron en los periodistas que han llegado al seminario:
- Conocen el acceso a la información pública pero no lo han usado o lo han usado muy poco.
- Realizan preguntas pregunta sin saber qué hacer después con la respuesta.
- Se detienen en el proceso de solicitud al no saber qué hacer ante una negativa.
- Desconocen el proceso del recurso de revisión o les parece demasiado ‘engorroso’.
- No saben de las mejores formas de preguntar por los documentos que contengan la información que requieren.
- Creen que las preguntas se hacen al IFAI o institutos estatales, y no a las dependencias que están obligadas a proveer de información
- Consideran que es más fácil recibir un documento filtrado que pasar por el proceso de solicitudes de información.
- No saben usar Excel (u otra herramienta) para sistematizar su investigación ni cruzar y/o analizar datos.
Ante esta visión del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y las herramientas profesionales del periodismo, durante las sesiones de Fundar y los talleres adicionales se fortaleció la explicación sobre la relevancia de los documentos públicos no sólo para el ejercicio de periodismo, sino en el contexto de una sociedad democrática donde se busca la rendición de cuentas.
Asimismo, se enseñaron estrategias para consultar y solicitar información pública, desde el uso de los portales de obligaciones de transparencia (POT[15]), y el sistema de consulta de preguntas ya realizadas a las dependencias (ZOOM[16]) hasta el sistema Infomex. Se presentaron ejemplos de preguntas específicas que agilizan la respuesta, y se dieron recomendaciones para anticipar posibles negativas (por ejemplo, hacer la misma pregunta a distintas dependencias). En el caso de los recursos de revisión, el equipo de Fundar entregó a los periodistas un formato para presentar recursos de revisión con base en el derecho a la información establecido en el marco legal mexicano.
Las evaluaciones generales de cada Seminario han centrado respuestas como: “esto no sabía cómo usarlo”, “es indispensable aprenderlo para hacer periodismo”, “necesitamos que nuestros medios quieran que se hagan más solicitudes para nuestro trabajo”. Pero de igual manera, se han recibido comentarios como: “en mi ciudad me identifican y me buscan cuando pido información”, “siempre se las ingenian para no entregar nada”, y “cuando algún funcionario se enoja por las solicitudes que hago llaman a mi editor y me regañan”.
Así, se observan que, por un lado, las y los periodistas requieren de más preparación y condiciones para hacer un uso efectivo del acceso a la información pública como herramienta de investigación e incluirlo en sus dinámicas de trabajo; y, por el otro, que la transparencia en el país, tanto a nivel federal como estatal, no se ha logrado concretar, en parte por su estructura y también por estrategias de control de la información desarrolladas por los poderes políticos –y en su relación con los medios informativos. Con el paso del tiempo ha sido posible observar que las y los periodistas participantes en el Seminario no han realizado trabajos de investigación con acceso a la información pública en sus redacciones, pero han comenzado a incluirla en los contenidos informativos. Además, en tres semestres, un total de 5 periodistas exbecarios han solicitado asesorías temáticas al PIDI y a Fundar para temas que están cubriendo.
Esto ha llevado a establecer cinco resultados positivos concretos con los periodistas con los que se ha trabajado en el seminario:
- Posicionar el valor del acceso a la información pública y los documentos públicos como fuentes de información relevantes para el trabajo periodístico de corto y largo aliento;
- Trascendencia del dato como nota, a la explicación completa de acontecimientos complejos de interés público;
- Colocar en la discusión el valor del periodismo de investigación, especialmente sobre el actuar de los gobiernos, a pesar de la corrupción, la impunidad y la falta de rendición de cuentas;
- Repensar el trabajo periodístico del siglo XXI en términos de alianzas solidarias entre periodistas para investigar temas; y
- Replantear el tejido de relaciones entre periodistas, universidades y organizaciones especializadas.
Prospectiva
Con la suma de revisiones realizadas durante los semestres de 2012 y Enero-Mayo 2013 se observó que, como se ha mencionado en los resultados, las y los periodistas no han logrado concretar trabajos de investigación con acceso a la información pública por razones diversas como el interés (o su ausencia) de los medios en los que laboran y los que volvieron al finalizar su estancia en la Ibero, falta de tiempo ante las dinámicas de trabajo en las que se desempeñan, necesidad de más confianza en el uso del acceso a la información pública, entre otros factores. Ante este escenario, durante el verano de 2013 se tomó la decisión de hacer una pausa en el desarrollo del Seminario para replantear su estructura.
Este semestre, desde el Pidi se han comenzado diálogos para crear un centro de acceso a la información pública con la participación de profesores y alumnos de Comunicación y Ciencia Política de la Universidad Iberoamericana, además de las y los periodistas Prende. Al momento es sólo un proyecto, pero se espera que el seminario se active en este nuevo formato en el verano de 2014.
Conclusiones finales
Cotidianamente, los problemas de corrupción, desvío de recursos y abuso de autoridad, que repercuten en el bienestar de la sociedad mexicana, se observan, denuncian critican y padecen; y ante un contexto dañado donde impera la impunidad, puede ser desalentador generar esfuerzos periodísticos que pongan en evidencia estas acciones pues pocas veces se ven consecuencias. Pero, como señala el periodista norteamericano John Dinges (2008), es en las sociedades democráticas en donde los periodistas deben estar más activos pues los mecanismos de control de los poderes se vuelven más sutiles y sofisticados, y ante eso el periodismo no puede descansar. La relación entre el acceso a la información pública y el periodismo en México se encuentra en esa situación.
Después del boom del reconocimiento de las leyes de transparencia, de la creciente participación ciudadana en la vigilancia de las acciones del poder, se han registrado retrocesos que ponen en riesgo el derecho a saber de la sociedad. Las negativas a entregar información, altos costos a las copias de los documentos, y falta de profesionalización de funcionarios son algunas de las barreras que enfrentan las y los periodistas que usan la herramienta. Aunado a esto, y contrario a lo que se establecido en los discursos, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sigue siendo de alguna manera elitista. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información pero se requiere de cierto nivel de profesionalización: saber usar el sistema (incluyendo los recursos POT y ZOOM), saber preguntar de manera clara y puntual, saber a qué dependencia u organismo solicitar la información y también saber defenderse y perseverar, sobre todo legalmente, ante las negativas, evasivas e incompetencias de los organismos gubernamentales.
No obstante, y porque la apuesta no es por el pesimismo, sino por las alternativas de solución que se pueden abrir, la experiencia iniciada con el Seminario de Periodismo de Investigación y Acceso a la Información Pública PIDI-FUNDAR reitera algo que se viene discutiendo desde hace algunos años en distintos foros de periodismo.
- Es necesario impulsar el periodismo de investigación, aunque ahora sea incipiente y llega a la ciudadanía a plazos y a pinceladas.
- El trabajo colaborativo puede ser una estrategia de investigaciones más sólidas, y también de protección.
- Las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, tienen gente, tienen recursos, para impulsar el trabajo de las y los periodistas. Y no es porque sólo se crea en el periodismo, sino porque está la certeza de que el periodismo es por y para la sociedad.
El acceso a la información pública no cambiará la corrupción ni la impunidad, pero aprender a usarlo como una herramienta útil que se complementa con otras habilidades periodísticas es, sin duda, un elemento clave que ayuda al periodismo de investigación y a la construcción de un periodismo de calidad. Y en este proceso no se puede dejar solos a los periodistas. Generar estrategias que vinculen a las universidades y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la actualización periodística es necesario y fundamental.
About the Author
Margarita Torres is a full time professor at Universidad Iberoamericana, in Mexico City.
Fuentes consultadas
Article 19 (marzo 2012). Silencio Forzado. El estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México. Informe 2011. México: Article 19.
Dinges, J. (enero 2008). “Responsabilidad de los medios y la calidad de la democracia: Cómo los medios contribuyen –o perjudican– a la democracia en América Latina”. Conferencia sobre medios y democracia, Inter American Dialogue, Washington, DC, enero 2008.
Hughes, S. (2009). Redacciones en conflicto. El periodismo y la democratización en México. México: Porrúa/Universidad de Guadalajara, 2009.
Lara Klahr, M. (2007). “México: el más mortífero para la prensa”. En Violencia y Medios 3. Propuesta iberoamericana de periodismo policial, editado por Marco Lara Klahr y Ernesto López Portillo Vargas, 45-73. México: Insyde/Gatopardo.
Lawson, C. (2002). Building the fourth estate. Democratization and the rise of a free press in Mexico. California: University of California Press.
Onofre, E. (julio 2010). “La amistad en la nómina”. Replicante, http://bit.ly/16B7Wr6.
Rodríguez Castañeda, R. (1993). Prensa Vendida. Los periodistas y los presidentes: 40 años de relaciones. México: Grijalbo.
Rodríguez Munguía, J. (2010). La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder. México: DeBolsillo.
Turati, M. (4 de octubre de 2008). “Si el mensajero está mal, el mensaje llegará distorsionado”. Blog de Marcela Turati. consultado el 15 de mayo de 2009, http://bit.ly/14TVMd5.
Sitios Web
Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.
Reporteros Sin Fronteras
Sistema de Información Infomex
* Estela Margarita Torres Almanza
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética. Actualmente está finalizando su investigación doctoral sobre Ética y Periodismo en México. Se ha especializado en temas de Ética y periodismo, Derecho a la información y periodismo, Profesionalización periodística en tiempos de violencia y Ética profesional.
Académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, coordinadora del Programa Iberoamericano del Derecho a la Información y coordinadora editorial de la Revista Iberoamericana de Comunicación (RIC). Imparte clases en la licenciatura y en la maestría en Comunicación. También ha sido profesora en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México y en la maestría de periodismo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
Cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie (http://www.periodistasdeapie.org.mx), espacio de encuentro entre periodistas sociales que buscan compartir técnicas de investigación, estrategias de reporteo, estilos narrativos, formas de abordaje de los temas y reflexiones éticas para fortalecer la cobertura.
[1] La ley entró en vigor el 12 de junio de 2002.
[2] Es en el artículo 6º de la Constitución Mexicana donde se establece el derecho a la información.
[3] Hoy llamado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
[4] El sistema que existen hoy en día se llama Infomex (https://www.infomex.org.mx)
[5] El Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó a México de 1929 a 2000. Y regresó a la presidencia en 2012.
[6] Se le llamó embute debido a que por lo regular el dinero se entregaba en un sobre a manera de envoltura. La anécdota alrededor del término chayo o chayote: “En 1966, el presidente de la ignominia, Gustavo Díaz Ordaz, inauguraba un sistema de riego en Tlaxcala mientras un funcionario de la Presidencia entregaba a los reporteros el embute, semioculto entre plantas de chayote. ‘¿Ves aquel chayote?’, decían los reporteros. ‘Están echándole agua. Ve allá’” (Onofre 2010).
[7] Medios como el periódico Reforma en el Distrito Federal, Siglo 21 en Guadalajara y el semanario Zeta en Tijuana, entre otros.
[8] Tal ha sido el caso de un municipio mazateca en el estado de Oaxaca.
[9] Los casos de Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien hoy está en prisión; y el de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Sindicado PEMEX), hoy Senador, son dos de los más sonados en 2013.
[10] La creación de este seminario ha sido posible gracias a la colaboración de todo el equipo de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., especialmente por el trabajo de Miguel Pulido y Cecile Lachenal.
[11] El Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana consiste en otorgar becas académicas semestrales a periodistas en activo para que, durante un semestre, regresen a la universidad y tomen cursos de licenciatura y posgrado elegidos por ellos para su especialización, así como cursos, seminarios y talleres exclusivos para periodistas. Cada semestre la Ibero recibe entre 5 y 10 periodistas provenientes de diferentes estados del país.
[12] Los equipos estaban conformados por un estudiante de maestría y un becario Prende.
[13] Guerra que inició Felipe Calderón, presidente de México en el periodo 2006-2012.
[14] Estas tres sesiones impartidas por los especialistas de Fundar.
[15] Portal de Obligaciones de Transparencia – POT, todas los oficinas de gobierno están obligadas por ley a tener un mínimo de información disponible en sus portales y/o oficinas.
[16] ZOOM es la base de datos dentro del sistema Infomex donde se puede consultar por palabras clave y dependencias de gobierno preguntas ya realizadas por otros usuarios, así como las respuestas y, en caso de que se hayan entregado en versión digital, los documentos públicos.